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Acudimos ante la CSJ @cortesupremasv por la violación a los derechos de seguridad jurídica cometida por la Sala de lo Contencioso Administrativo en el caso contra Digicel, Tigo, Movistar y Claro, al exonerar de una sansión impuesta desde hace 8 años.
La Superintendencia de Competencia (SC) acudió ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por violación a los derechos de seguridad jurídica y protección jurisdiccional cometida por la Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) al haber declarado ilegales los actos administrativos emitidos por el Consejo Directivo de la SC en 2015, contra Digicel, Tigo, Movistar y Claro.
Las cuatro telefonías, tras haber sido sancionadas y multadas por la Superintendencia, demandaron al Consejo Directivo de la SC ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, alegando la ilegalidad de la sanción económica.
La Sala de lo Contencioso Administrativo falló a favor de Digicel, Tigo, Movistar y Claro, avalando con su decisión la conducta abusiva al declarar ilegal y dejar sin efecto la multa impuesta por la SC, que asciende a $ 2,014,500; de los cuales el 53% está adeudado al Estado desde hace ocho años y el 47% restante, que había sido saldado, se pide ser retribuido a las empresas.
En consecuencia, la SC presentó cuatro demandas de amparo contra la Sala de lo Contencioso Administrativo, porque sostiene que el cometimiento de la práctica anticompetitiva por las telefonías, tipificada en el Art. 30 letra a) de la Ley de Competencia, obstaculizó la entrada de nuevos competidores en el mercado de los servicios intermedios de tráfico internacional entrante para la terminación en las redes de dicho agente económico.
Con esta acción, la SC busca que se respete el derecho a la seguridad jurídica dictado en la Constitución y propiciar la entrada de nuevos competidores en el mercado de las telefonías, promoviendo así la competencia entre operadores en beneficio de los salvadoreños.
Como parte del Gobierno de El Salvador, la SC continúa trabajando en defensa de la sana competencia para favorecer a los ciudadanos y la expansión del comercio e inversión en el país.
Nuestro equipo tècnico se presentó a la Corte Suprema de Justicia para demandar a la Sala de lo Contencioso Administrativo por declarar como ilegales los actos administrativos emitidos por el Consejo Directivo de la SC en contra Digicel, Tigo, Movistar y Claro, 8 años después de haber sido sancionados.
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