SC reafirma compromiso por la defensa de la sana competencia
SC reafirma compromiso por la defensa de la sana competencia

SC reafirma compromiso por la defensa de la sana competencia

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sc_logo miércoles 3 de febrero, 2021Hace 4 años

La Superintendencia de Competencia (SC), en el marco de su quinceavo aniversario, reafirma su compromiso por defender los principios de competencia en el país a fin de seguir impactando positivamente la economía de los salvadoreños.

A partir de la nueva gestión de Gobierno del Presidente Nayib Bukele, la SC potencia una nueva visión en favor de la ciudadanía, promoviendo una economía dinámica y competitiva. Se ha dado un mayor impulso al trabajocoordinado entre las diferentes instituciones de Gobierno, buscando dignificar la gestión pública a través de una labor eficiente y eficaz en pro del desarrollo del país.

En ese sentido, destaca la creación de la primer Aula Virtual en la región centroamericana especializada en temas de competencia, creada con la finalidad de continuar con la incansable labor de promoción del entorno competitivo en medio de la crisis por COVID-19, habiendo capacitado de octubre a diciembre 2020 a más de 100 profesionales en temas generales sobre derecho de competencia.

Esta acción se encuentra alineada a la visión estratégica del Gobierno Central de modernizar las instituciones bajo las nuevas tendencias tecnológicas.

En adición a lo anterior, la SC hizo una coordinación sin precedentes durante el primer trimestre del 2020, que junto con la Defensoría del Consumidor (DC) establecieron los precios máximos de canasta básica y productos priorizados durante la vigencia del Estado de Emergencia decretado por la pandemia de la COVID-19.

De esa manera, se garantizó la seguridad alimentaria de la población en medio de la crisis al analizar los precios recolectados por la DC y datos económicos claves; evitando prácticas anticompetitivas de los sectores involucrados.

Asimismo, durante el 2020 se emitieron 3 resoluciones de casos sobre concentraciones (fusiones) entre empresas, 2 aprobadas y 1 condicionada, haciendo cumplir su misión de promover y proteger la competencia en el país, para incrementar la eficiencia económica y el bienestar del consumidor.

La promoción y garantía de la sana competencia durante los 15 años de la SC ha permitido la reducción de afectaciones al mercado y a la población, resolviendo en el transcurso de este tiempo 92 procedimientos sobre prácticas anticompetitivas, de los cuales 74 fueron iniciados por denuncia y 18 de oficio, en los sectores de industria, comercio, comunicaciones, energético y compras públicas.

Es importante hacer notar que, de oficio la SC inició 41 investigaciones preliminares, el 63% se realizó en sectores regulados y el restante 37% a sectores que no cuentan con regulación.

De todos los casos investigados de actuaciones se han impuesto 101 sanciones: 58 por prácticas anticompetitivas (14 por posición dominantes y 44 acuerdos entre competidores) y 43 por otras infracciones a la Ley de Competencia (LC). Entre los sancionados se encuentra el caso de distribución de harinas de trigo, siendo el primero en que se efectuó un registro con prevención de allanamiento comprobándose un acuerdo de división del mercado. Según estimaciones de impacto, esta acción permitió un ahorro de más de $38,000,000; considerando los tres años de duración estimada que habría tenido el cartel sin la actuación de la SC.

En esta década y media, el monto total de multas impuestas asciende a $17,403,150.46; siendo el 85% por prácticas anticompetitivas y el restante 15% por otras infracciones a LC. De este total, el 93.10% han sido impugnadas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, y el 45.21% se encuentran pendientes de pago. A la fecha, gracias a la labor incesante de la SC se han cobrado a las empresas infractora de la Ley un total de $9,534,900.77.

De las 43 multas impuestas por otras infracciones a la LC, como falta de colaboración y omisión de solicitud de autorización de concentración económica, destaca la sanción a la empresa Alba Petróleos por haber cometido la infracción de no solicitar autorización para una concentración económica, convirtiéndose en la primera multa impuesta de este tipo, debiendo pagar $759,924.00.

La SC ha finalizado 30 estudios de condiciones de competencia, de las que se derivan 276 recomendaciones de política económica. La institución ha emitido 221 opiniones: 142 sobre normativa, 69 sobre procesos de contratación y 10 sobre otros contenidos.

Sobre las solicitudes de autorización de concentración económica, se han estudiado 166 requerimientos, de los cuales 30 fueron admitidos a trámite, resultando: 19 autorizaciones, diez condicionamientos y una denegación (Claro – Digicel). 

Después de 15 años de experiencias, desafíos y avances, la SC sigue caminando en el rumbo correcto, como lo afirmó el ultimo resultado del examen inter-pares de Derecho, Política y Ley de Competencia organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2020 al asegurar que “El Salvador tiene un régimen de competencia que está en línea con los estándares y prácticas internacionales”.

Ejemplo de ello es que más de 27 mil profesionales, estudiantes, funcionarios de gobierno, representantes de gremiales e inclusive parlamentarios han sido informados o capacitados en derecho de competencia, a través de diferentes actividades organizadas por la institución, con el objetivo de promover los principios de competencia en miras de que esa visión pueda ser incluida en el actuar transversal del Estado.

Asimismo es relevante hacer notar que en este tiempo el poder del conocimiento sobre competencia rebasó fronteras y posicionó al país como el ganador del premio internacional LATAM DIGITAL con la aplicación #AppSC. Salvadoreños en todo el mundo se empoderan de la información y suman a la defensa de la competencia.

En su trabajo de construir condiciones de libre competencia, la institución asume el reto de garantizar la competencia entre empresas de forma justa, fomentar la actividad empresarial y la eficiencia de los mercados, brindando así al consumidor mayores opciones de donde elegir, contribuir a disminuir los precios y mejorar la calidad de los productos.

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