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“Los Monopolios naturales representan una excepción al principio de múltiples empresas operando y compitiendo por conseguir los clientes”
Por David López*
En realidad, cuando pagamos por la electricidad, pagamos tres cargos. Por un lado, el cargo por la energía eléctrica que hemos consumido. Segundo, el cargo de comercialización, cobrado por realizar el proceso de facturación. Por último, el cargo de distribución que las empresas distribuidoras cobran por operar las redes eléctricas (postes, cableado y demás equipo) ocupadas para transportar la energía hasta cada hogar o establecimiento. Estos tres cargos componen la tarifa de energía eléctrica que es aprobada por el regulador de forma trimestral.
Ahora, con esa aclaración y siendo más específicos: la sociedad salvadoreña podría estar pagando en exceso por el servicio de distribución de energía eléctrica. La Superintendencia de Competencia publicó en 2017 los resultados del Estudio sobre la distribución y comercialización de energía eléctrica en El Salvador[1], en el cual concluyó que la regulación vigente de la actividad de distribución contiene una importante incongruencia que organiza de forma inadecuada el mercado, y podría estar pasando factura a los salvadoreños, como mínimo, por unos $43.5 millones de dólares cada cinco años.
La Ley General de Electricidad establece que entre sus objetivos está desarrollar un mercado competitivo de todas las actividades del sector: generación, transmisión, distribución y comercialización. Esa disposición es problemática en el caso de la distribución, ya que se ha interpretado como una habilitación para que cualquier empresa entre al mercado a rivalizar por los clientes, en una actividad que la Teoría Económica y la experiencia internacional señalan que es más eficiente que sea organizada como un monopolio, ya que es un monopolio natural.
¿Cómo es eso un problema?
Una empresa distribuidora es propietaria de una red eléctrica de poste, cables, transformadores, que ha sido desplegada, por ejemplo, en uno o varios departamentos del país. Para instalar esa red, existió previamente una considerable inversión de recursos, y con ella se conecta a todos sus usuarios para suministrarles la energía eléctrica. Para pagarla, se reparte el costo total de la red entre todos los usuarios durante varios años, a través del cargo de distribución de la tarifa.
Si una nueva distribuidora quiere disputar los clientes que ya atienda la distribuidora, la regulación permite que ingrese al mercado, para lo cual construirá su propia red, incluso en las mismas zonas o ciudades, y buscará atraer clientes con estrategias comerciales. Sin embargo, el problema está en que los clientes estarán pagando por el transporte de la energía a través de dos redes separadas, cuando podrían abastecerse a todos los clientes haciendo uso de una sola. Así, quedarán menos clientes pagando la red inicial que se había instalado para poder atender a todos los clientes de la ciudad o departamento donde se rivalice.
¿Qué significa para nuestros bolsillos? Más allá de la contaminación visual que ocasionan los postes consecutivos y las marañas de cables en las aceras, ahora la sociedad está pagando innecesariamente el costo de dos redes en la misma ciudad. Estas son redes duplicadas que generan costos que podrían evitarse. Para los clientes que quedan en la distribuidora inicial, el cargo de distribución aumenta porque esta pierde escala, lo cual eleva sus costos unitarios, aun cuando la metodología ajuste cierta parte de ellos.
Según el estudio de la Superintendencia, el exceso en precio resultante se aproximaría a unos $43.5 millones cada cinco años[2]. Si bien un nuevo distribuidor de pequeña escala podría ofrecer precios relativamente inferiores al resto, en el corto y mediano plazo, ello podría resultar no sostenible debido a las fuertes inversiones que necesitarían para seguir expandiendo su red.
La tarea para los actores del sector estará en encontrar una solución regulatoria que concilie los intereses de todos los participantes ya presentes en el mercado con el bienestar de los consumidores, para evitar que los costos innecesarios que enfrentamos sigan creciendo. Así conseguiremos el fin último de la defensa de la competencia: la eficiencia económica que, de forma sencilla, busca que los clientes paguen los menores precios posibles, obtengan la calidad más alta y cantidad adecuada de producto, pero asegurando la sostenibilidad de las empresas y, por ende, la capacidad para continuar prestando el servicio.
[1] El estudio completo puede ser consultado en: https://www.sc.gob.sv/site/pages.php?Id=1864, y la resolución emitida por el Consejo Directivo con las recomendaciones de política pública en: https://www.sc.gob.sv/site/pages.php?Id=1865.
[2] Esta estimación se basó en el sobre precio causado por la pérdida de escala, para cada periodo tarifario, traído a valor presente. Se estimó a partir de una empresa incumbente (ya establecida en el mercado) hipotética de tamaño promedio, y el monto para todo el mercado se obtuvo multiplicando el resultado monetario por las cinco empresas incumbentes del mercado.
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*Licenciado en Economía y Negocios. Actualmente trabaja en la Superintendencia de Competencia.
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