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Dos empresas de seguridad privada están siendo investigadas por posible acuerdo de precios, una violación al art. 25 de la Ley de Competencia.
La Superintendencia de Competencia (SC) inició un procedimiento sancionador en contra de Seguridad e Investigaciones Empresariales de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse, S.I.E.D.E.S., S. A. de C. V. y Multi-inversión Salvadoreña, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse, MUINSA, S. A. de C. V.; ambas empresas del sector de servicios de seguridad privada.
Las dos empresas están siendo investigadas por posibles violaciones al art. 25 letra c) de la Ley de Competencia (LC), relacionadas con acuerdos entre competidores, mediante la fijación o limitación de precios en subastas en cuatro procesos de compra promovidos por dos instituciones públicas. Los procesos de compra suman más de dos millones de dólares y fueron adjudicados entre 2020 y 2023; un proceso por año.
La fijación o limitación de precios es perjudicial porque impide la competencia en igualdad de oportunidades; cuando se trata de fondos públicos, las instituciones contratantes no pueden tener un panorama completo y transparente para elegir el servicio que mejor les convenga, a un precio competitivo, que posibilite el uso eficiente de los recursos del Estado. El art. 44 de la LC faculta al Superintendente a investigar y requerir información, así como realizar otras diligencias como registros, entrevistas e inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa, que permitirá esclarecer los hechos.
Como resultado del procedimiento sancionador, la SC está facultada por la Ley para determinar responsabilidades e imponer multas según la gravedad de la infracción, daños y otros criterios determinados en la investigación.
Con esta actuación oportuna, la SC sigue protegiendo y defendiendo la competencia en beneficio de todos los salvadoreños.
“La fijación o limitación de precios es perjudicial porque impide la competencia en igualdad de oportunidades”
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