Reformas LACAP: innovación y competencia en las compras públicas.

Las reformas a la LACAP generan una justificada atención de los medios, las instituciones públicas, el sector privado y de la población en general. Después de todo, dicha ley regula la forma en que el Estado compra, en beneficio de la ciudadanía, haciendo uso de los recursos públicos.

De las reglas y principios con que estos fondos se administren dependen la opacidad o la transparencia, el despilfarro o la eficiencia en el gasto. Lo mismo sucede con las formas de contratación, que inciden en el aprovechamiento de los recursos y del tiempo, siempre limitados. Ahora bien, uno de los principios que orienta la LACAP es la libre competencia. Es decir que, en la aplicación e interpretación de la LACAP debe tenderse a maximizar, en la medida de lo posible, la competencia en las contrataciones públicas, lo que constituye una garantía de uso racional y adecuado de los recursos. Es bajo esta premisa que la Superintendencia de Competencia (SC) ha analizado las recientes reformas propuestas por el Ministerio de Hacienda a la Ley.

El pliego de reformas, si bien aborda varios aspectos, está orientado principalmente a la introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la contratación pública. Es importante señalar que la implementación de la contratación pública electrónica no es inusual y forma parte de la adopción gradual del gobierno electrónico. Desde hace décadas se ha venido implementado en diversos países latinoamericanos como Brasil, Chile o Perú. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomienda «hacer uso de soluciones integradas de contratación electrónica para todo el ciclo de la contratación pública». Sin duda estos mecanismos pueden aportar a la eficiencia, celeridad y disminución de los costos de las contrataciones públicas y, por tanto, optimizar el uso de los recursos estatales.

Así, en aras a potenciar la competencia, la SC hizo algunas consideraciones y recomendaciones al proyecto normativo. Dadas las ventajas que suponen estos nuevos mecanismos la SC considera importante que todos los posibles oferentes y competidores puedan utilizar y beneficiarse de las nuevas modalidades de contratación pública electrónica. Sin embargo, en el estado actual del avance y uso de la tecnología en El Salvador no todos los oferentes están igualmente preparados para su adopción. La brecha digital en nuestro país sigue siendo considerable y en el sector empresarial se agudiza a medida disminuye el tamaño de los agentes económicos. Las MYPIMES partirían en desventaja en un escenario acelerado de adopción de innovaciones tecnológicas; la exigencia inmediata de las nuevas modalidades de contratación pública podría constituir, al menos temporalmente, una barrera a la entrada. Por tanto, la SC ha sugerido que dichas modalidades puedan entrar en vigencia de forma escalonada, o se establezca un régimen temporal especial que permita optar alternativamente ya sea por los mecanismos de contratación electrónica o los tradicionales. Para lo anterior es importante el rol gubernamental en la implementación de programas de formación continua especialmente orientados a las MYPE sobre las TIC y el uso de las plataformas en las compras públicas. Es importante mencionar que lo anterior vendría a sumarse a importantes proyectos que ya lleva a cabo CONAMYPE para acercar las nuevas tecnologías y el uso de plataformas y servicios electrónicos a las MYPE, especialmente para las compras públicas.